El pacto busca relanzar la economía argentina mediante la eliminación de barreras para 1.675 productos nacionales y una apertura récord de cuotas de exportación, a cambio de acceso preferencial a insumos industriales y minerales estratégicos.

El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, y la administración de Estados Unidos oficializaron ayer, 5 de febrero de 2026, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI). Este pacto representa un giro histórico en la política exterior argentina, estableciendo un marco de cooperación que abarca desde la reducción masiva de aranceles hasta la seguridad en las cadenas de suministro de minerales críticos como el litio. El acuerdo debe ser ratificado por el Congreso argentino para su plena implementación.

Detalles clave del acuerdo:

Exportaciones y Aranceles: Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, lo que se estima generará ingresos adicionales por más de u$s 1.000 millones. Por su parte, Argentina levantará barreras sobre 221 posiciones arancelarias para bienes estadounidenses.

Sector Cárnico: Se anunció una ampliación histórica en la cuota de carne vacuna. Argentina podrá exportar hasta 100.000 toneladas anuales a EE. UU. (sumando 80.000 toneladas a las 20.000 previas), lo que podría representar un ingreso de u$s 800 millones adicionales.

Minerales Críticos: Se firmó un marco estratégico para minerales críticos que asegura inversiones estadounidenses en la extracción y procesamiento de litio y cobre, utilizando incentivos bajo el régimen RIGI de Argentina.

Acero y Aluminio: Aunque no se eliminaron de inmediato los aranceles del 50% impuestos por EE. UU., existe un compromiso formal de revisar estas restricciones en el corto plazo.

Tecnología y Estándares: Argentina adoptará estándares regulatorios y de seguridad de EE. UU. para sectores como automotores, dispositivos médicos y seguridad alimentaria (USDA), facilitando el intercambio técnico y comercial.

Propiedad Intelectual y Comercio Digital: El acuerdo fortalece la protección de la propiedad intelectual y prohíbe medidas que discriminen contra los servicios digitales estadounidenses.

El Gobierno nacional formalizó el lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO), una nueva herramienta comunicacional diseñada para confrontar activamente lo que el Ejecutivo considera "noticias falsas" y desarticular presuntas maniobras de sectores opositores. El anuncio se realizó este jueves 5 de febrero de 2026 a través de una cuenta oficial en la red social X, argumentando que "sólo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta".

La oficina funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y será supervisada por el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, y el asesor estratégico Santiago Caputo. Su objetivo principal es "dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política", según indicaron fuentes oficiales en su presentación.

La medida ha generado una rápida respuesta de organizaciones de prensa como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que cuestionaron el rol del Estado como "árbitro de la verdad" y advirtieron sobre posibles riesgos de estigmatización hacia el periodismo crítico. El primer posteo de la oficina estuvo dirigido a una nota del diario Clarín vinculada a la implementación de vouchers sociales.

La medida de fuerza afecta principalmente a empresas que operan en el sur y oeste del conurbano bonaerense tras el fracaso en las negociaciones paritarias.

Este viernes 6 de febrero de 2026, se registra un sorpresivo paro de colectivos que afecta a unas 27 líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, impulsada por choferes de diversas firmas ante la falta de depósito de haberes con los aumentos acordados, genera serias complicaciones para miles de usuarios.

Líneas afectadas confirmadas:

Grupo MOQSA y MOGSM: Incluye líneas como la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, que conectan la zona sur (Quilmes, Berazategui) con CABA.

Zona Oeste y Norte: Se reportan interrupciones en las líneas 333, 407, 437 y 707.

Otras líneas con servicio interrumpido: También se sumaron las líneas 15, 22, 28, 101, 253 y 321, entre otras.

El conflicto se originó tras el vencimiento del plazo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) otorgó para destrabar la negociación salarial, en un contexto de tensión entre las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte por el monto de los subsidios. Mientras algunas líneas operan con normalidad, el gremio advirtió que la medida podría extenderse si no hay respuestas inmediatas.

La salida de Marco Lavagna en medio de acusaciones por "maquillaje" de datos de actividad económica y la suspensión oficial del nuevo IPC reactivan los fantasmas de la intervención política en las estadísticas públicas.

La estabilidad institucional del INDEC se encuentra bajo fuego tras una semana de máxima tensión política y técnica. El detonante principal fue la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del instituto el pasado 2 de febrero, luego de que trascendieran fuertes divergencias con el Ministerio de Economía por la implementación de una nueva metodología para medir la inflación.

Puntos clave de la polémica:

Freno al nuevo IPC: El Gobierno nacional decidió suspender el lanzamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía debutar este año. El ministro Luis Caputo admitió públicamente no estar de acuerdo con el cambio de fórmula en este momento, lo que generó cautela e incertidumbre entre inversores y analistas.

Sospechas de manipulación: La controversia se profundizó tras denuncias sobre un presunto retoque en las series de actividad económica de 2025, el cual habría evitado que el país entrara formalmente en "recesión técnica" mediante cifras de crecimiento inusualmente altas en sectores específicos.

Pobreza en la mira: Diversos sectores cuestionan que el organismo está subestimando la medición de la pobreza, mientras que el Gobierno sostiene, basándose en proyecciones alternativas de Capital Humano, que la misma bajó considerablemente.

Consecuencias inmediatas: Ante la pérdida de confianza en las cifras oficiales, el Banco Central anunció que comenzará a utilizar su propio índice para definir el nivel de emisión monetaria, un movimiento que muchos ven como una admisión tácita de la crisis de credibilidad del INDEC.

Resumen: El INDEC enfrenta su mayor crisis de credibilidad en años tras la renuncia de su director y la decisión del Poder Ejecutivo de postergar mejoras metodológicas en el IPC. La polémica combina internas gubernamentales, sospechas de alteración de datos para "maquillar" la recesión y el temor de los mercados a una nueva etapa de intervención política en las estadísticas oficiales.

La Ministra de Seguridad avivó la tensión con el sector textil nacional al revelar que compra su ropa en el exterior, respaldando la postura del Gobierno sobre los altos precios locales.

En medio de una escalada de críticas entre el Ejecutivo y los empresarios de la moda, Patricia Bullrich mostró públicamente un blazer adquirido a través de la plataforma Amazon por un valor de entre 40 y 50 dólares. La funcionaria calificó la prenda como "barata y linda", sumándose a las declaraciones previas del Ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que nunca compró ropa en Argentina por considerarlo "un robo".

Esta postura oficial, defendida también por el vocero Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, busca justificar la apertura de importaciones como herramienta para bajar los costos de vida, mientras que las cámaras textiles denuncian una crisis terminal con despidos masivos en firmas como Dass, Cocot y Dufour. Los empresarios respondieron acusando a los funcionarios de convertirse en "la casta" al ignorar la destrucción del empleo local.