Con el foco puesto en la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad, el Ejecutivo reactiva el debate parlamentario este lunes. El período se extenderá hasta el 27 de febrero como antesala a la apertura de sesiones ordinarias de marzo.

Tal como lo estableció el Decreto 24/2026, el Congreso de la Nación inicia formalmente hoy su período de sesiones extraordinarias. Tras el receso de enero y con un Presupuesto 2026 ya convertido en ley a finales del año pasado, el Gobierno de Javier Milei busca acelerar una serie de reformas estructurales antes del inicio del ciclo legislativo ordinario el próximo 1 de marzo.

Temario exclusivo: La actividad parlamentaria de este mes se limitará estrictamente a los puntos definidos por el Poder Ejecutivo. Entre los proyectos centrales figuran la modernización laboral, la Ley Penal Juvenil (baja de imputabilidad) y posibles modificaciones a la Ley de Glaciares.

Acuerdos internacionales: El Gobierno también ha incluido en la agenda el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, buscando ratificar el vínculo comercial en este período.

Clima político: El inicio de este período está marcado por la presión de los gobernadores por fondos de coparticipación y la estrategia de la ministra de Seguridad para avanzar con el debate penal hacia mediados de mes.

Mientras las cámaras de Diputados y Senadores organizan sus primeras comisiones de este 2026, el escenario político ya anticipa un febrero de intensas negociaciones. Se puede seguir la actividad oficial en vivo a través del canal de YouTube de la Cámara de Diputados o consultar el estado de los proyectos en la web oficial del Senado.

El Gobierno nacional completó este lunes el pago de USD 878 millones al organismo internacional, tras adquirir Derechos Especiales de Giro (DEG) directamente del Tesoro estadounidense para proteger las reservas del Banco Central.

En una operación financiera de alto impacto, el gobierno de Javier Milei cumplió con el primer gran vencimiento de intereses del año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para concretar el pago de aproximadamente USD 878 millones, la gestión de Luis Caputo recurrió a la compra de USD 808 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta maniobra, calificada como una operación de balanza de pagos estándar, permitió al país afrontar sus obligaciones sin utilizar directamente sus escasas reservas líquidas ni activar líneas de swap adicionales. El cumplimiento ocurre en un mes determinante, ya que el FMI iniciará la segunda revisión de su programa de USD 20.000 millones, lo que podría desbloquear un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para el país. Según informes del Fondo Monetario Internacional, la sostenibilidad de estos pagos es monitoreada bajo proyecciones de crecimiento del 4% para el año en curso.

La Justicia argentina intensifica la presión sobre Claudio "Chiqui" Tapia con nuevos operativos por supuestas irregularidades contables y la sombra de una mansión en Pilar, mientras los sponsors comienzan a retirar su apoyo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la ratificación judicial de la reelección de Tapia en 2024. Al día de hoy, el foco se desplazó a una serie de causas penales por desvío de fondos, evasión y lavado de dinero.

La Justicia realizó un operativo clave en el aeropuerto de San Fernando para investigar vuelos sospechosos en helicóptero vinculados a una mansión en Pilar, cuya documentación fue hallada previamente en las oficinas de la AFA. Esta investigación se suma a la denuncia de ARCA (ex-AFIP), que rechazó el traslado de la sede de la entidad a Pilar por considerar que el terreno declarado es un baldío con una construcción abandonada.

En el frente comercial, el escándalo escaló luego de que el sponsor Socios.com suspendiera sus pagos y exigiera la renuncia de Tapia, denunciando que solo una mínima fracción de los fondos enviados llegó realmente a las arcas de la institución. Mientras tanto, la Inspección General de Justicia (IGJ) mantiene bajo revisión los balances presentados por la dirigencia, considerándolos insuficientes y plagados de inconsistencias.

Tras la difusión de versiones sobre un presunto pacto entre Javier Milei y Donald Trump para recibir extranjeros expulsados por Washington, la Casa Rosada negó la existencia de negociaciones para convertir a la Argentina en un "tercer país de destino".

El Gobierno nacional salió al cruce de las informaciones publicadas originalmente por The New York Times, que aseguraban que Argentina y Estados Unidos mantenían conversaciones avanzadas para recibir inmigrantes deportados por la administración Trump. El presidente Javier Milei calificó estas versiones como falsas y negó que el país esté negociando actuar como receptor de personas detenidas por ingresar ilegalmente a EE. UU..

Aunque sectores de la oposición y medios internacionales sugirieron que el acuerdo buscaba fortalecer la alianza estratégica entre ambos mandatarios, funcionarios del Ejecutivo aclararon que no existe ningún compromiso formal ni logístico para tal fin. La desmentida oficial busca frenar la polémica generada en torno a un posible impacto en la seguridad y la infraestructura migratoria local.