En un sábado de intensa actividad política, el presidente Javier Milei encabezó una recorrida por la Costa Atlántica para medir el termómetro social en plena temporada. Acompañado por figuras clave de la alianza oficialista, el mandatario busca consolidar el apoyo popular antes de enviar al Congreso el nuevo paquete de reformas económicas.

Durante su discurso en Mar del Plata, ratificó que no habrá marcha atrás con el ajuste fiscal y defendió la privatización de las empresas públicas restantes. La presencia de Diego Santilli a su lado refuerza los rumores de una fusión definitiva entre La Libertad Avanza y sectores del PRO. Esta gira marca el inicio de una estrategia de cercanía tras su participación en foros internacionales de alto perfil.

Debido a la proliferación de focos ígneos en el sur del país y la zona del Delta, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley para elevar drásticamente las penas de prisión por incendios intencionales. La propuesta busca que estos delitos no sean excarcelables, especialmente cuando se compruebe que el fin era el desarrollo inmobiliario o la expansión agropecuaria ilegal. Aunque el oficialismo evita utilizar terminología ambientalista internacional, reconoce que la situación ha desbordado las capacidades de los brigadistas locales.

El proyecto también contempla una partida presupuestaria especial para el Sistema Federal de Manejo del Fuego, financiada mediante la reasignación de otros fondos operativos. Se espera que la discusión en comisiones comience la próxima semana con la invitación a gobernadores de las provincias afectadas.

El oficialismo ha colocado la reforma del Régimen Penal Juvenil como prioridad absoluta para el inicio del ciclo legislativo 2026. La iniciativa busca reducir la edad de imputabilidad a los 14 o 13 años, bajo el lema de "delito adulto, pena adulta". Martín Menem confirmó que el texto final ya cuenta con el consenso interno para ser debatido en sesiones extraordinarias. Desde la oposición y organismos de derechos humanos ya se han manifestado en contra, advirtiendo sobre la falta de infraestructura en institutos de menores. El Gobierno, sin embargo, sostiene que la medida es una demanda social urgente frente a la inseguridad urbana.