En su 14° viaje a suelo estadounidense, el presidente argentino busca consolidar su alianza estratégica con Donald Trump y participar en la sesión inaugural de un nuevo organismo internacional.

El presidente Javier Milei partió este miércoles 18 de febrero rumbo a Washington D.C. para asistir a la primera reunión formal del Consejo de la Paz (o Board of Peace), una iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense para mediar en conflictos bélicos globales y discutir la influencia de China en la región.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario mantendrá una agenda "exprés" que culminará el viernes por la mañana. Este encuentro refuerza el alineamiento geopolítico de Argentina con la administración republicana, en un foro que contará con la presencia de otros líderes regionales como Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), pero con notorias ausencias de potencias europeas.

La CGT ratificó la medida de fuerza de 24 horas en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en el Congreso, logrando la adhesión total de los principales gremios del transporte.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que este jueves 19 de febrero se llevará a cabo un paro general de 24 horas. La medida coincide con el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados y afectará de manera crítica la movilidad y el funcionamiento de servicios públicos en todo el territorio argentino.

Gremios y servicios que se adhieren:

Transporte: No habrá servicio de colectivos (confirmado por la UTA), trenes (La Fraternidad), subtes (Metrodelegados) ni vuelos comerciales.

Logística y Carga: Camioneros se suma a la medida, afectando la distribución de mercaderías.

Sector Público y Educación: Adhieren los gremios estatales (ATE y UPCN) y los docentes nucleados en CTERA.

Bancos: La Asociación Bancaria ratificó su participación, por lo que no habrá atención presencial en entidades financieras.

Salud: Se mantendrán únicamente guardias mínimas para urgencias en hospitales públicos y clínicas privadas.

Aunque algunos sectores debatieron la modalidad, la unidad de los gremios del transporte garantiza un cese total de actividades durante toda la jornada del jueves.

El Ministerio de Capital Humano envió una notificación formal a los gremios del transporte para que se abstengan de participar en la medida de fuerza convocada por la CGT, bajo la advertencia de aplicar sanciones legales y económicas.

En una jornada marcada por la tensión sindical, el Gobierno Nacional —a través de la Secretaría de Trabajo— intimó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al gremio de maquinistas de trenes, La Fraternidad, a no sumarse al paro general previsto para este jueves 19 de febrero.

La Casa Rosada fundamenta la medida en que ambos gremios se encuentran bajo un período de conciliación obligatoria dictado previamente para resolver sus propios conflictos salariales. Según las autoridades, participar en una protesta de carácter general mientras rige esta instancia constituye una violación de la ley 14.786, lo que habilitaría al Estado a multar a las organizaciones y, eventualmente, poner en riesgo su personería gremial.

Pese a la advertencia oficial, diversas seccionales de la UTA en el interior, como Córdoba, Mar del Plata y Tandil, ya han ratificado su adhesión total al cese de actividades por 24 horas en rechazo a la reforma laboral tratada en el Congreso.

Tras el anuncio del cese definitivo de actividades en la planta de San Fernando y el despido de más de 900 empleados, la Secretaría de Trabajo intervino para suspender las desvinculaciones y abrir una instancia de negociación.

Resumen de la situación

Este miércoles 18 de febrero, la histórica fabricante argentina Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, argumentó una crisis terminal en el sector y notificó el despido de 920 trabajadores.

Ante la gravedad del anuncio, que incluyó la toma de la fábrica por parte de los operarios y momentos de alta tensión con el gremio SUTNA, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y, posteriormente, el Gobierno Nacional, dictaron la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días.

Puntos clave del conflicto:

Suspensión de despidos: La medida obliga a la empresa a dar marcha atrás con las cesantías y retrotraer la situación al estado previo al conflicto durante dos semanas.

Conflicto salarial previo: El sindicato venía denunciando un congelamiento de sueldos de casi un año y la falta de ofertas en las paritarias.

Negociación forzada: Durante este período, ambas partes están obligadas a sentarse a negociar bajo la supervisión estatal, mientras los trabajadores deben levantar las medidas de fuerza directas.