En un encuentro calificado como "excelente" por fuentes oficiales, el ministro Luis Caputo se reunió hoy con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el Ministerio de Economía. La reunión se produce tras la media sanción de la reforma laboral y en un clima de tensión por la competencia con productos importados y la reciente adjudicación de licitaciones a empresas extranjeras.

Resumen de los puntos centrales:

Reforma Laboral e "Inocencia Fiscal": Se discutieron los alcances de los nuevos marcos laborales para incentivar la contratación y la necesidad de avanzar en un esquema de alivio de la carga impositiva que devuelva competitividad al sector.

Plan de Reactivación: La UIA presentó un plan para frenar la caída de la actividad y el empleo, solicitando medidas urgentes para recomponer el financiamiento productivo y el consumo interno.

Competitividad y Apertura: Tras los cruces por los precios del sector textil y la licitación que excluyó a Techint, Caputo ratificó el rumbo de apertura económica, instando a las empresas a adaptarse a estándares internacionales mientras el Gobierno trabaja en bajar el "costo argentino".

Perspectivas 2026: El ministro proyectó un año de fuerte crecimiento (4%) impulsado por la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica.

La Justicia rechazó los planteos de la defensa para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó esta mañana los recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, confirmando que la exmandataria deberá mantener el uso de la tobillera electrónica y las restricciones de su régimen de detención. Los jueces de la Sala IV desestimaron el pedido para eliminar el dispositivo de monitoreo y flexibilizar el ingreso de visitas a su departamento en el barrio de Constitución.

Pese a los argumentos de sus abogados sobre un "comportamiento ejemplar" tras cumplir meses de arresto, el tribunal consideró que las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 son necesarias para garantizar el control judicial tras su condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Con esta decisión, se mantienen vigentes los límites de dos horas de visita, dos días por semana, y el acceso restringido a la terraza del edificio.

• Colectivos (AMBA): El pasaje mínimo, que en febrero subió a $650,11, alcanzará los $700 a mediados de marzo.
• Subte: La tarifa sufrirá un ajuste mensual basado en la inflación más un 2%, proyectándose un valor de $1.363 para marzo.
• Trenes: Si bien se mantuvieron congelados hasta inicios de año, se espera que sigan la tendencia de actualización del resto del sistema para equiparar costos.

1. Doble tarifazo: El incremento de marzo completa una suba acumulada del 41,4% iniciada en febrero.
2. Diferencia por registro: Quienes no tengan su Tarjeta SUBE nominalizada pagarán tarifas que superan ampliamente los $1.000 por viaje.
3. Impacto en Provincia: En el Gran Buenos Aires, los tramos más largos y servicios interurbanos (como La Plata-CABA) verán subas que dejan el boleto mínimo cerca de los $824.

La Cámara de Diputados sesiona este jueves para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del histórico acuerdo comercial con Europa, dos pilares de la agenda oficialista para el 2026.

Tras obtener dictámenes de mayoría en comisiones el miércoles, el oficialismo busca la media sanción para reducir la edad de imputabilidad a 14 años (con debates sobre delitos específicos) y ratificar legislativamente el Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea, firmado formalmente a mediados de enero de 2026.

Reforma Penal Juvenil: Hacia los 14 años

El proyecto de ley para establecer un nuevo Régimen Penal de Minoridad ha sido uno de los ejes centrales del período de sesiones extraordinarias. Aunque la propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba los 13 años, el dictamen de mayoría consensuado con bloques aliados fijó finalmente la edad de imputabilidad en 14 años.

Puntos clave: Se busca reemplazar la ley 22.278 (vigente desde la última dictadura) por un sistema que incluya medidas restaurativas y procesos especializados para menores en conflicto con la ley penal.

Posturas: Mientras el Gobierno argumenta que la medida responde a una demanda social de seguridad, sectores de la oposición y organismos de derechos humanos cuestionan la constitucionalidad de la baja de edad y el impacto en la reinserción social.