Con la aprobación definitiva en el Congreso tras una tensa jornada de protestas, el Gobierno logra imponer un nuevo marco legal que flexibiliza las contrataciones y reduce costos indemnizatorios, mientras las centrales obreras advierten por la precarización de los derechos básicos.

El Senado sancionó la ambiciosa reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, marcando un cambio estructural en las relaciones de trabajo en Argentina. Los pilares de la ley incluyen la creación de un fondo de cese laboral (reemplazando la indemnización tradicional por un sistema de capitalización), la extensión de los periodos de prueba y la unificación de tasas judiciales para juicios laborales. Mientras cámaras empresarias como la CAC celebran la "previsibilidad" y reducción de la litigiosidad, los sindicatos denuncian una pérdida sustancial de derechos y la facilitación del despido sin causa, lo que ha derivado en movilizaciones masivas y represión en las inmediaciones del Congreso.

Repercusiones clave:

• Impacto en Indemnizaciones: Se estima una reducción nominal significativa en el capital de las liquidaciones, permitiendo a las Pymes esquemas de pago en cuotas.
• Flexibilidad en la Jornada: Se introduce el "banco de horas" y el fraccionamiento de vacaciones según necesidades de producción.
• Conflictividad Social: La aprobación profundizó la brecha entre el Gobierno y las centrales obreras (CGT y CTA), quienes anticipan un aumento de la informalidad y la precariedad ante la figura del "colaborador independiente".
• Mercado Laboral: Analistas advierten que la efectividad para generar empleo real dependerá de la estabilidad macroeconómica y no solo de la reducción de costos normativos. 

El Gobierno de Javier Milei logró su primer triunfo legislativo de 2026 tras una maratónica sesión en la Cámara Alta. Con 42 votos a favor, el proyecto que redefine las indemnizaciones y promueve el blanqueo laboral ahora pasa a Diputados.

En la madrugada de este 12 de febrero, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que debió sortear fuertes resistencias sindicales y modificaciones de último momento, busca flexibilizar las relaciones de trabajo y reducir la litigiosidad mediante un esquema de "modernización".

Resumen de los puntos clave:

• Fondo de Cese Laboral: Se habilita un mecanismo alternativo a las indemnizaciones tradicionales, similar al modelo de la construcción, que las empresas podrán pactar por convenio.
• Blanqueo y Multas: Se eliminan las multas por falta de registro laboral para incentivar la formalización, permitiendo a los empleadores regularizar vínculos pasados sin sanciones graves.
• Pago en Dólares: La reforma incorpora formalmente la posibilidad de pactar y percibir sueldos en moneda extranjera.
• Servicios Esenciales: Se amplía la lista de actividades consideradas críticas (como educación y transporte), limitando el impacto de las medidas de fuerza y restringiendo el derecho a huelga en estos sectores.
• Colaboradores Independientes: Se crea una figura para que emprendedores puedan contar con hasta tres trabajadores independientes sin que exista un vínculo de dependencia jurídica.

Tras las concesiones realizadas a gobernadores y sectores dialoguistas de la CGT, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde se espera un tratamiento acelerado para su sanción definitiva.

La jornada de debate legislativo se vio empañada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, resultando en heridos y personas detenidas.

Durante la tarde se registraron graves disturbios frente al Palacio Legislativo mientras se trata la reforma laboral. La situación escaló cuando grupos de manifestantes derribaron vallas, arrojaron piedras y bombas molotov contra el cordón policial, además de romper baldosas de las veredas. La policía respondió con el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la multitud.

Como resultado de los choques, se reportaron al menos dos detenidos y varios heridos, incluyendo a dos periodistas de A24 afectados por el gas pimienta. Organizaciones sociales y gremios que participaban de la movilización denunciaron una "feroz represión", mientras que el operativo de seguridad continúa activo para mantener liberados los accesos al edificio.

Tras una noche de acuartelamientos y protestas en Rosario y la capital, el Ministerio de Seguridad suspendió los pases a disponibilidad de efectivos y anunció una mejora salarial inmediata para desactivar el conflicto.

La provincia de Santa Fe atraviesa una de las crisis institucionales más agudas de los últimos años dentro de su fuerza de seguridad. Lo que comenzó como un reclamo por sueldos dignos y atención a la salud mental —con más de 500 agentes bajo seguimiento psicológico— escaló rápidamente hasta el cese de patrullajes en puntos críticos. El detonante final fue la muerte de un suboficial, que unificó el malestar por las precarias condiciones laborales y el desarraigo.

Para evitar un vacío de seguridad mayor, el ministro Pablo Cococcioni anunció este miércoles la anulación de las sanciones aplicadas a los manifestantes e instó al personal a retomar el servicio de inmediato. El paquete de medidas del Gobierno de Santa Fe incluye un fuerte incremento en el valor de las horas OSPE (servicios extraordinarios), que en algunos niveles superará el 80% de aumento.

Reclamo central: Exigencia de una recomposición salarial real frente a la inflación y mejores condiciones de salud mental.

Gesto oficial: Se suspendieron los pases a disponibilidad de los policías que participaron en las protestas frente a la Jefatura de Rosario y la Casa de Gobierno.

Estado del servicio: La mayoría de las unidades están retornando a la operatividad, aunque los delegados exigen un acta acuerdo firmada que garantice que no habrá represalias futuras.

Cifras en juego: El ejecutivo provincial afirma que el aumento acumulado desde diciembre de 2023 alcanza el 600%, pero las bases policiales denuncian que el salario básico sigue por debajo de la canasta de pobreza.

Tras meses de negociaciones y con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo busca convertir en ley la modernización de las normas de trabajo, mientras sindicatos se movilizan en rechazo a las modificaciones estructurales.

El Senado de la Nación debate el proyecto definitivo de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras alcanzar un consenso que incluye 28 modificaciones respecto al texto original, el Gobierno cuenta con el acompañamiento en bloque de la Unión Cívica Radical y el PRO.

Los ejes centrales del debate incluyen la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (similar al fondo de cese para sustituir indemnizaciones), la implementación de un banco de horas para flexibilizar la jornada laboral y la extensión del periodo de prueba. Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta para reactivar el empleo privado y frenar la "industria del juicio", las centrales obreras y organizaciones sociales protestan frente al Congreso, denunciando un retroceso en derechos históricos y la precarización de las condiciones de contratación. Se espera que la votación se concrete entre hoy y el 12 de febrero para su posterior envío a la Cámara de Diputados.